La ONU alerta sobre la crisis del sistema de justicia en Ecuador y otros derechos humanos

La organización expresa preocupaciones por la corrupción judicial, la militarización de las cárceles y las restricciones a derechos fundamentales en el país.

En un informe emitido el 7 de noviembre de 2024, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofreció una evaluación crítica sobre varios aspectos del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en Ecuador. La entidad expresó su creciente preocupación por la corrupción en el Poder Judicial, la continua militarización de las cárceles, la normalización de los estados de excepción, y los desafíos persistentes en cuanto a los derechos de las personas LGTBI y las mujeres.

Corrupción en el Poder Judicial

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la calificación de "preocupantes" sobre la corrupción que afecta al sistema judicial ecuatoriano. El Comité de la ONU señaló que los informes sobre sobornos a funcionarios judiciales, a cambio de decisiones favorables para el crimen organizado, son "alarmantes". Casos como Metástasis, Plaga y Purga han expuesto cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las cortes de justicia, el Consejo de la Judicatura, y otras instituciones clave, como el sistema penitenciario y las fuerzas policiales.

Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité de Derechos Humanos, advirtió que la corrupción judicial está “poniendo en riesgo el Estado de derecho” en Ecuador. El Comité lamentó la falta de medidas efectivas para proteger a jueces y fiscales, quienes se encuentran cada vez más vulnerables a asesinatos y agresiones. En este contexto, Gómez insistió en que la lucha contra la corrupción debe ser interna, resaltando que "la mayoría de jueces no son corruptos", pero que requieren el respaldo de otros poderes del Estado para llevar a cabo reformas significativas.

Militarización y hacinamiento carcelario

El Comité también se mostró preocupado por la creciente militarización del sistema penitenciario en Ecuador, alertando sobre la infiltración de grupos criminales en las cárceles, lo que está afectando el funcionamiento adecuado de las mismas. La ONU instó al Gobierno ecuatoriano a reducir el hacinamiento en las prisiones y mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, un problema que se ha visto agudizado por el alto número de personas en prisión preventiva.

Estados de excepción y limitación de derechos

Otro aspecto criticado por el Comité fue la "normalización" de los estados de excepción a nivel nacional y local. Estos decretos, que han sido renovados reiteradamente desde hace seis años, han generado una situación de "restricción desproporcionada" de derechos fundamentales, como la libertad de circulación, asociación y reunión. En particular, los pueblos indígenas, migrantes, refugiados y personas en situación de pobreza se han visto más afectados por estas medidas, que han sido implementadas bajo el pretexto de la seguridad pública.

Derechos de las personas LGTBI y mujeres

En cuanto a los derechos de las personas LGTBI, el informe denunció la persistencia de un entorno de discriminación, violencia y estigmatización hacia este grupo, destacando incluso la existencia de centros clandestinos que aún practican la denominada "terapia de conversión". La ONU también expresó su preocupación por la falta de protección efectiva para las personas LGTBI y la violencia de género que enfrentan, en un contexto de creciente intolerancia.

Sobre los derechos de las mujeres, el Comité destacó la reciente aprobación de una ley que regula el aborto en casos de violación, como un avance positivo. Sin embargo, también lamentó que la interrupción voluntaria del embarazo siga siendo un delito en otros casos, a excepción de situaciones específicas, y que existan barreras para las mujeres que intentan acceder a la interrupción legal del embarazo, como la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales de salud.

Reacciones del Gobierno ecuatoriano

El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, envió una delegación a la sesión del Comité, liderada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca. Aunque el informe de la ONU fue claro en sus críticas, el Gobierno ecuatoriano expresó su compromiso con la mejora del sistema judicial y la protección de los derechos humanos, reconociendo los retos que enfrenta el país en estos aspectos y la necesidad de reformas estructurales en varias áreas.

El pronunciamiento de la ONU subraya la gravedad de la situación en Ecuador, particularmente en lo que respecta al sistema de justicia, la seguridad en las cárceles y la protección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables. La comunidad internacional y las autoridades ecuatorianas se enfrentan a un desafío complejo que requiere una acción urgente y coordinada para garantizar que los derechos humanos sean respetados y que el sistema de justicia funcione de manera imparcial y eficaz.

#ONU #Ecuador #PoderJudicial #NoticiasEcuador #NotiSur