Controversia en Ecuador por filtración de chats de Fernando Villavicencio: ¿verdad o manipulación política?

Dos abogadas ecuatorianas divulgan miles de mensajes atribuidos al asesinado candidato presidencial, pero la Fiscalía asegura que son falsos.

Una nueva controversia sacude el panorama político de Ecuador tras la divulgación de miles de conversaciones privadas del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este jueves, las abogadas Priscila Schettini y Angélica Porras, vinculadas al movimiento Revolución Ciudadana, hicieron públicas alrededor de cinco mil conversaciones que, según afirman, fueron extraídas del teléfono móvil de Villavicencio, quien fue asesinado en agosto de 2023 durante su campaña electoral.

Las abogadas, quienes también son candidatas en las elecciones de 2023, difundieron los mensajes a través de un enlace en la red social X (antes Twitter). En el post, Schettini cuestionó abiertamente la postura de la fiscal general Diana Salazar: "¿Por qué miente Diana Salazar?", escribió, acusando a la funcionaria de manipular información sobre el caso.

Los mensajes filtrados, que aún no han sido verificados por autoridades independientes, sugieren que Villavicencio mantenía conversaciones con diversos políticos, jueces y periodistas, lo que podría implicar acuerdos o intercambios de información confidencial. En particular, los documentos alegan que la fiscal Salazar compartió información delicada con Villavicencio, lo que generó una rápida respuesta de la Fiscalía, que descalificó la filtración. Según el Ministerio Público, el celular de Villavicencio está bajo custodia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y acusó a las divulgadoras de intentar "generar confusión" en pleno período electoral.

A pesar de las negaciones oficiales, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, uno de los principales opositores del gobierno actual, compartió las capturas de pantalla en sus redes sociales, afirmando que los chats revelan un posible montaje de la Fiscalía para perjudicar a figuras políticas, entre ellas Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, quien fue acusado de abuso sexual en un caso que algunos consideran politizado. La información de los chats también sugiere que Carrión pudo haber sido víctima de una manipulación judicial por parte de la Fiscalía, lo que avivó aún más el debate.

El portal digital La Posta, conocido por su cobertura de temas políticos y judiciales, también se sumó a la polémica, anunciando que tiene acceso a la totalidad de la información filtrada desde hace más de un mes. El medio prometió un programa especial para exponer los detalles, asegurando que los datos ya fueron clasificados.

Por el momento, la autenticidad de los chats no ha sido confirmada, y persisten dudas sobre cómo las abogadas y los medios de comunicación tuvieron acceso a tan delicada información. Además, la Fiscalía no ha aclarado si las conversaciones fueron manipuladas o si efectivamente provienen del dispositivo de Villavicencio, cuyo asesinato sigue siendo objeto de investigación.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin en Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A raíz de su muerte, un equipo del FBI llegó a Ecuador para colaborar con las investigaciones, a petición del entonces presidente Guillermo Lasso. Si bien cinco personas han sido condenadas como responsables materiales del asesinato, la Fiscalía sigue trabajando en esclarecer quiénes son los verdaderos autores intelectuales del crimen.

La filtración de los chats ha desatado una ola de reacciones en Ecuador, donde la polarización política y las tensiones entre el gobierno, la oposición y las instituciones judiciales siguen siendo una constante. La controversia podría tener implicaciones graves para las elecciones presidenciales que se celebrarán en las próximas semanas, ya que algunos sectores consideran que la filtración busca influir en la campaña electoral, mientras otros advierten sobre el peligro de utilizar la tragedia de Villavicencio con fines políticos.

A medida que avanzan las investigaciones y el debate, la opinión pública se encuentra dividida entre quienes exigen transparencia y quienes temen que se utilice la filtración de los chats para intensificar la lucha política en un clima de creciente desconfianza.

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